Una exfuncionaria de San Julián acusó de insensible al intendente Tomasso

La extitular del área social del municipio de San Julián, Georgina Gleadell, cuestionó severamente la falta de concepción humanista del actual intendente de esa localidad, Antonio Tomasso, y de quien la sucedió en el cargo, luego de que se ventilara públicamente el destrato y discriminación que ambos hicieron con una joven pareja con tres hijos, a quienes dejaron abandonados a su suerte por ser portadores de HIV.

Hay que recordar que el matrimonio marginado por las autoridades comunales, identificadas con la Alianza Cambiemos, denunció penalmente a Tomasso por amenazas de expulsión de San Julián, bajo el argumento de que le estaban “arruinando” el pueblo.
La denuncia se hizo extensiva a su secretaria de Desarrollo Social, Nara Giménez, porque habría dicho que los integrantes de la pareja eran “unos sidosos de mierda”.
Por este caso, El Patagónico contactó a Georgina Gleadell, hermana del exintendente Nelson Gleadell (FPV), para recabar su opinión, teniendo en cuenta que ella tuvo que ocuparse de un área sensible y por ende se le preguntó cuál era su política de trabajo en problemas sociales.

DIGNIDAD VULNERADA

En principio que “en relación a la denuncia efectuada contra el Ejecutivo municipal por ese matrimonio, no puedo decir mucho porque no conozco a la familia, pero por haber sido funcionaria del sector social en la gestión anterior a menudo se me acerca gente para contarme la falta de respuestas y a veces con destrato incluido que reciben en la municipalidad”.

Precisó que “hay personas que acuden desesperadas porque tienen problemas y salen peor porque además de no recibir soluciones, muchas veces reciben cuestionamientos y recriminaciones de la gente que debería ocuparse de ellos y darles una mano”.

“Pienso que todo pasa por una cuestión ideológica ya que cuando uno se ha formado políticamente dentro de una concepción humanista, como en mi caso que soy peronista, actúa de otra manera ante las necesidades de los más desprotegidos, sin olvidar nunca que donde hay una necesidad hay un derecho” añadió.

En ese contexto sostuvo que es imprescindible “aliviar los problemas dentro de las posibilidades que uno tiene, es decir los pesares de quienes por circunstancias de la vida deben tomar la decisión de salir a pedir ayuda, aún a costa de vulnerar su propia dignidad”.
“Pero si a esa situación le sumamos maltrato y falta de respuestas –puntualizó-, nos convertimos en verdugos de nuestros propios hermanos porque, más allá de donde vengan, debe entenderse que son seres humanos que están sufriendo”.

Por otra parte, trajo a colación que entre los años 2003 y 2015 en su ciudad se aplicaron “los programas sociales que bajaban desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.
Consecuentemente tenía el orgullo de decir que “dejamos de necesitar el comedor escolar, al cual asistían más de 100 niños cuando lo recibimos ya que padres lograron tener trabajo y los chicos podían comer con su familia” y solo en pocos casos se necesitó entregar alimentos como refuerzo que se hacían llegar a algunas de ellas”.

“NO LES IMPORTA SI LA GENTE SUFRE”

Contrariamente, evaluó “ahora mucha gente está sin trabajo y sé que hay niños que comen poco y mal, con bajo peso. Esto en Sociales lo saben, pero aun así no toman decisiones con políticas paliativas; por eso insisto en que es una cuestión ideológica”.
Esto la llevó a decir que “ellos (por los actuales funcionarios) no saben lo que es pasar necesidades, lo que es irse a dormir con solo un mate cocido en la panza”.
“No tienen sensibilidad, no les importa si la gente sufre. Lo que les importa es que no trascienda, esconder el problema, que de eso no se hable y que cierren los números”, afirmó.
También comentó que en el área de Desarrollo Social “por lo bajo se dice que la orden de arriba (de Nación) es achicar” mientras que “cada vez son más las familias que concurren a pedir ayuda y los bolsones de comida no alcanzan, pero tampoco los quieren incrementar”.
La exfuncionaria dejó en claro que todo ello “no es culpa del personal que trabaja en el área”, sino que todo indica que “son las políticas que aplica el PRO a lo largo y ancho del país y San Julián no es la excepción”.

Finalmente reiteró que aún sin conocer a los integrantes de la familia denunciante, “me quiero solidarizar con ella porque les creo y repudio que se los discrimine por no ser de acá, o lo que es más aberrante aún, por su problema de salud”.
“Creo que este es un caso testigo de lo que está pasando en un país gobernado por empresarios que solo piensan en sus negocios y los de sus amigos y no están preparados para tomar decisiones en relación al grueso de la población”, argumentó.

“Gobiernan para unos pocos y esto –se lamentó- también se nota en localidades pequeñas como San Julián. Debo suponer que en este momento ya se las ha atendido y asistido a fin de cubrir al menos sus mínimas necesidades”.

El Patagónico

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