Tres años preso y absuelto: se conocieron los fundamentos del fallo de la cámara en lo criminal

El fallo que absolvió en Río Gallegos al joven acusado de supuesto abuso sexual por falta de pruebas pone bajo la lupa el desempeño de los abogados que priorizan los deseos de su cliente sin que importe lo que diga la ley o si tenga o no elementos suficientes para llegar al objetivo propuesto.

La semana pasada, un joven acusado de supuesto abuso sexual que estuvo bajo prisión preventiva fue absuelto por falta de pruebas.

La provincia de Santa Cruz, de esa manera, fue testigo de un fallo judicial que dejó en evidencia un caso de mal desempeño por parte del abogado querellante, quien más allá de no presentar pruebas suficientes para acusarlo se plegó a los deseos de la parte acusadora, que quería que estuviera preso por 20 años.

La denuncia

El imputado había sido denunciado por la madre de su ex novia, llamada Valentina, quien al momento tenía 17 años. Ya no había relación con el joven desde hace 2 años.

La menor habría contado que dos años antes, según el relato de los querellantes, cuando eran novios, él la había “obligado a mantener relaciones sexuales y tomar fotos y videos de las mismas, además de amenazarla posteriormente con publicar dicho material si ella se negaba a continuar haciéndolo o cortaba la relación”.

Con esa denuncia, y teniendo como única prueba de los dichos de la menor y un informe realizado por un psicólogo del Poder Judicial, el joven fue detenido y acusado fue procesado con prisión preventiva. Se lo mantuvo tres años preso a la espera del juzgamiento.

La madre de la joven se constituyó en parte querellante (acusador particular) con patrocinio del Defensor Oficial Dr. Alejandro Ramos.

El juicio

En el juicio oral, el imputado declaró -asistido por su defensor Eduardo Díaz Razmilich– ante los jueces de la Cámara, como así también lo hicieron la joven y su madre, los peritos psicólogos y algunos testigos.

Estos últimos -ex amigos de la chica- dijeron que tenían conocimiento de que el imputado tenía conductas violentas hacia la menor, pero en todos los casos lo sabían por lo que ella contaba, no por haberlo visto ellos mismos.

También se advirtieron contradicciones entre las declaraciones de la joven y su madre.  El imputado pidió un careo con su denunciante, el que le fue permitido, pero sólo referido a una pregunta específica.

Llegado el momento de los alegatos de las partes, el abogado de la parte querellante consideró que el imputado debía ser condenado, porque no había demostrado su inocencia y porque la prueba que había era suficiente para demostrar la verdad de la denuncia.

Haciendo caso omiso de que hacían falta pruebas más contundentes, solicitó que se condenara al acusado a 20 años de prisión, la pena máxima para estos delitos. Lo más curioso es que lo solicitaba así “porque es lo que pide Valentina”.

Ante el pedido, se advirtieron expresiones de sorpresa entre los presentes, ya que es muy inusual que se pida la pena máxima para alguien sin antecedentes.

La visión del fiscal

El fiscal Iván Saldivia no acompaño el pedido de la querellante, ya que a su entender las pruebas no eran suficientes. También fue atento a las contradicciones entre madre e hija, al hecho de que ésta tuviera una vida normal después de cortar la relación, algo que no es frecuente en personas que atraviesan situaciones de abuso sexual.

Saldivia puso especial atención en las incongruencias del relato de la supuesta víctima, quien afirmaba que la relación “en buenos términos” había durado apenas dos meses, pero al mismo tiempo reconoció que todavía más de un año después seguía yendo a casa del imputado, incluso ocultando este hecho a su propia madre. 

La joven llegó a relatar que habría sufrido un aborto a causa de un golpe dado por el imputado, pero que nunca consultó a ningún médico por esa causa.

En aras de anticiparse a posibles objeciones de la parte querellante debido a su observación y análisis de lo sucedido, el fiscal dijo que no sólo está para acusar, sino para asegurar la correcta y razonable aplicación de la ley. 

La defensa

A su turno, el defensor del imputado señaló que la única prueba contra su defendido eran los informes psicológicos. Sin embargo, estas pruebas fueron llevadas a cabo sin rigurosidad.

Uno de los informes fue realizado sin ninguna argumentación científica (el perito reconoció en su declaración que eran sólo sus impresiones personales las que había volcado en su informe), y el otro llevado a cabo por el cuestionado perito judicial Gastón Mendicoa, del que hace poco tiempo se conoció un antecedente de enorme gravedad (denunciado por el mismo abogado) en el que el psicólogo había hecho un informe idéntico para dos imputados diferentes, en distintas causas, utilizando la función “recorta y pega”.

Este antecedente, lo que sumado a otro similar provocó un “terremoto” en la Justicia provincial, donde sus propios funcionarios requirieron al Tribunal Superior que se revisara la integración de los cuerpos de peritos, no dejando sólo en manos de psicólogos la toma de estas decisiones.

La palabra de los jueces

El hecho de que el fiscal no sostenga la acusación tiene como consecuencia que los jueces están obligados a absolver al imputado, aun cuando ellos no estén de acuerdo, de lo cual pueden dejar constancia. Pero en este caso, los tres jueces por unanimidad compartieron el criterio del fiscal, y de inmediato pusieron en libertad al imputado.

Esta decisión provocó la disconformidad de los querellantes y su letrado Defensor Oficial, quienes realizaron declaraciones en medios locales criticando tanto al fiscal como a los jueces, a quienes acusaron de machismo, falta de perspectiva de género y aplicación lineal de legislación que a su entender había perdido vigencia por la existencia de las nuevas normas en materia de género.

Los fundamentos del fallo

En su fundamentación, los jueces Cabral, López y Lerena expresaron duros conceptos hacia la labor del abogado querellante, como por ejemplo:

“…De manera infundada, el patrocinante de la querella tiene por ciertos los dichos de Valentina N. y lo manifestado por los testigos sin analizar sus testimonios en relación a los hechos imputativos; con lo cual, el análisis que debió estar basado en la conjugación probatoria se acerca más a la arbitrariedad y se expone a una severa crítica jurídica al coartar la posibilidad de la contraparte de rebatir los argumentos que se tenían que exponer, y equivocadamente, reclama que el imputado no haya presentado pruebas que avalen sus dichos exculpatorios ni que acrediten que las relaciones sexuales fueron consentidas, afirmación imposible de ser sostenida en el ejercicio del derecho procesal-penal, toda vez que no es él quien debe probar su inocencia sino el fiscal o el acusador particular su culpabilidad…” y también: “…a la deficiente acusación, se suma la pena solicitada por la querella, que asciende a veinte años de prisión, pena que eligió, según el mismo patrocinante lo manifestara, la propia Valentina N., habiéndose omitido todo lo legalmente estipulado en los artículos del Código Penal que demarcan la pauta de merituación de la pena establecidas expresamente en los Arts. 40 y 41; independientemente del interés particular que moviliza a la presunta damnificada y sus deseos de castigo, es el patrocinante quien técnicamente debe guiar la pretensión buscando la pena máxima que satisfaga a su representada pero con coherencia y justificación legal…”

El Divergente condena cualquier tipo de abuso o violación, como así también las causas “armadas” o “fabricadas” muchas veces obteniendo ventajas indebidas dadas por leyes que pretendiendo derribar antiguos prejuicios machistas, también pueden ser usadas para manchar y devaluar años de luchas y avances en materia de igualdad de derechos. En dicho marco es importante la prudencia de los Jueces, ya que la ley es el último refugio para las garantías y los derechos del ciudadano.

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