Todos Somos Pueblo niega haber obstruido construcción de IMA en ex comisaria de Puerto San Julián

Los concejales Gustavo Álvarez y Daniela Romillo, la diputada por el Pueblo Patricia Moreyra y el miembro de Amigos por el Patrimonio, Pablo Walker.
Los concejales Gustavo Álvarez y Daniela Romillo, la diputada por el Pueblo Patricia Moreyra y el miembro de Amigos por el Patrimonio, Pablo Walker.

El concejal Gustavo Álvarez expresó desacuerdo con el convenio firmado entre municipio y colegio. Y dijo que las iniciativas y posturas de su bloque no fueron tenidas en cuenta.

También aclaró que las declaraciones provinciales y nacionales de interés histórico sobre ex comisaria no implican la expropiación del terreno al IMA, sino que este deberá consultar con la Comisión de Patrimonio Nacional cada movimiento que se realice allí.

Los concejales de Todos Somos Pueblo/Frente de Todos, Gustavo Álvarez y Daniela Romillo, y la diputada por el pueblo de la misma agrupación, Patricia Moreyra, dieron una conferencia en compañía del miembro de la Asociación Amigos por el Patrimonio, Pablo Walker, en la que se explayaron sobre su rol en relación al desarrollo de acontecimientos ligados a la ex comisaría de Puerto San Julián.

Las acciones recientes sobre el inmueble, como la declaración del mismo como Monumento Histórico Nacional, dieron un giro inesperado en el tema, pues anuló el convenio suscrito por el gobierno local y el IMA.

La demolición se detuvo, y el sector que apoyaba el acuerdo criticó la declaratoria, diciendo que no era el camino apropiado a seguir. Algunos incluso se animaron a decir que hubo un lobby detrás de esa acción orquestado desde grupos locales.

Críticas al gobierno local por no haber consultado sobre convenio

La concejal Daniela Romillo dio por iniciada la conferencia luego de leer una declaración de la agrupación en la que ratificó la posición a favor del desarrollo tanto del gimnasio como del espacio para la memoria sobre la ex comisaría.

En la declaración, Romillo, en nombre del resto de los integrantes de Todos Somos Pueblo, manifestó dolor al no ser consultados por el ejecutivo municipal en el momento de elaborar el convenio firmado con el colegio.

Agregó que el gobierno local, antes del mismo, nunca había intervenido en el conflicto, mientras que los concejales de su sector han estado pendientes de manera permanente.

El concejal Álvarez, por su parte, negó que el sector político que representa, Todos Somos Pueblo, haya estado detrás de un cabildeo para evitar que se construya el gimnasio. Afirmó que el interés por preservar la ex comisaría se generó en paralelo desde instancias superiores del estado, y que siempre estuvo a favor del gimnasio, pero también es favorable a que se respete un monumento histórico de carácter provincial y nacional.

Ante la contradicción señalada por algunos periodistas sobre el apoyo que había prestado Todos Somos Pueblo para la construcción de un gimnasio del IMA financiado por fondos provinciales para luego adoptar una postura que obstruye ese proyecto, Álvarez respondió que advirtió al instituto sobre la probabilidad de que la compra del terreno iba a activar intereses orientados a preservarlo dado su valor histórico.

Si bien recién en este año una preocupación que lleva ya mas de dos años llegó a instancias políticas locales, provinciales y nacionales, el legislador local aseveró que, ante la intención que tenía el IMA de demoler el lugar, y habiendo ya advertido al instituto sobre lo que podía pasar así como aconsejado que busquen lugares alternativos para edificar el gimnasio, tuvieron que asumir una posición de conciliación entre la postura del colegio y la de los Amigos del Patrimonio. La cual, remarcó Álvarez, no fue tenida en cuenta por el intendente Gardonio, que los citó apenas una hora antes de la firma del frustrado convenio.

«Un fracaso de la política»

Pablo Walker, por su parte, comunicó que había planteado la idea de que la ex comisaría no fuera demolida hasta que el IMA presentara un proyecto viable sobre lo que quiere construir en ese lugar. Asimismo, manifestó que la declaración nacional incluye a toda la parcela, no solo al edificio. Y que el colegio procedió con una «demolición malintencionada de adentro para afuera, con el fin de que no se note».

Walker dijo que siempre quiso conservar todo el inmueble, a diferencia de posturas mas moderadas dentro de la asociación a la que pertenece, y que nunca consideró al convenio como una solución final.

Manifestó desencanto por la forma en la que el municipio se manejó respecto al tema, sin consultarlos. A su vez, expresó que desde julio de este año vienen peticionando la posibilidad de negociar posiciones con el IMA y el estado local sobre la propiedad.

También expresó que esperaban que hubiera una instancia de negociación, pero se dio todo a las apuradas y el gobierno provincial no apareció para tomar partido al respecto. Sintetizó la sucesión de acontecimientos como «un fracaso de la política».

El historiador afirmó que queda en pie un 33% de la ex comisaría, y que la idea sería conservar 10 metros de la fachada mas ambientes internos adyacentes. La titular de la Comisión de Lugares, Edificios y Monumentos Históricos, Teresa de Anchorena, deslizó la posibilidad, según Walker, de que Nación se ocupe del financiamiento de esa porción de la estructura para que funcione como museo de la memoria.

Sobre el futuro del terreno todavía esta por discutirse lo que se hará, señaló el miembro de Amigos por el Patrimonio, pues la Comisión presidida por Anchorena debe expedirse sobre el nuevo marco de acción para el colegio, el estado y la asociación.

La propiedad sigue siendo del IMA

El concejal Álvarez remarcó que la declaratoria nacional sobre la ex comisaría no implica que la propiedad vaya a ser expropiada, sino que el IMA, en condición de propietaria del terreno, deberá consultar toda acción sobre el mismo a la Comisión de Lugares, Edificios y Monumentos Históricos, pues es una propiedad privada donde también hay un valor histórico y cultural determinado por el estado nacional en base a evidencias históricas.

El legislador apuntó a la falta de una política activa en relación a edificios y lugares históricos de la ciudad, y que por esa razón sucedió el conflicto alrededor de la ex comisaría.

De todas maneras, subrayó los esfuerzos realizados por su partido para buscar una solución que beneficie ambas posturas, pues antes del convenio presentaron una ordenanza que fue vetada por el intendente con la justificación de haber encontrado errores técnicos en la misma.

Incumplimiento de resolución provincial por parte del colegio

La diputada por el pueblo Patricia Moreyra dijo que el 24 de agosto, mas de un mes previo al convenio, se había hecho una resolución provincial en la que se declaraba a la ex comisaría como lugar de interés histórico provincial y la no innovación sobre el inmueble. Y agregó que ese documento fue enviado el mismo día a la hermana Carmen, representante del IMA.

La legisladora provincial dio a entender que el colegio hizo caso omiso de esa resolución y buscó una instancia de negociación con posiciones políticas y de gobierno mas proclives a sus planes, como la intendencia, con quien firmo el convenio. Lo que constituye una ilegalidad, pues se desentendieron de una disposición provincial que les impedía tomar acción sobre el terreno adquirido.

Comments

comments