SANTA CRUZ PLANTEA INCORPORACIONES AL CODIGO MINERO NACIONAL

Santa Cruz participó de la 3ª Asamblea Ordinaria del COFEMIN.

Allí la Provincia planteó la necesidad de propiciar regulación sobre el mecanismo de cierre de minas, y se analiza la posibilidad de la instalación del SEGEMAR en Santa Cruz para generar y procesar la información geológico-minera y tecnológica de los recursos naturales. También se expuso sobre los acuerdos de RSE firmados recientemente con la Industria Minera.
La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, participó días atrás de la tercer Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Minería, en la provincia de San Juan, en la que se debatieron aspectos inherentes a la actualización del Acuerdo Federal Minero, como así también distintas propuestas presentadas por las provincias con este tipo actividad extractiva.
Allí, representada por el responsable de la cartera minera provincial, Guillermo Bilardo, Santa Cruz planteó la necesidad de propiciar una regulación en materia de cierre de minas, por lo que se comenzará a trabajar con un anteproyecto, que incluya lineamientos para incorporar al Código Minero la obligación de cierre de minas a medida que se avance, como así también establecer una diferenciación entre la pequeña y gran minería, marco en el que se describió la situación de Manantial Espejo, explotada por Triton S.A.
Por otro lado, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) manifestó la voluntad de firmar un acuerdo marco de cooperación y asistencia técnica con Santa Cruz, con el fin de generar y procesar la información geológico-minera y tecnológica de los recursos naturales, y propender al uso racional de los mismos, a partir de lo cual se instalaría en la ciudad de Puerto San Julián.
Finalmente, se informó a los integrantes del Consejo Federal la implementación de los acuerdos firmados en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria entre el Gobierno de la Provincia – que fueron impulsados por el Ministerio de la Producción – y la conformación de un fideicomiso, aprobado por la Legislatura provincial- cuyos fondos serán destinados a programas y proyectos de inversión social, de salud, obras y proyectos productivos, además de inversión tecnológica que contribuyan al desarrollo sostenible.

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