Proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de gas en la Patagonia, Mendoza y la Puna.

Virginia García, Senadora Nacional por la Provincia de Santa Cruz, del FPVS, presentará un Proyecto de Ley a fin declarar emergencia pública en materia gasífera en la región patagónica, en el Departamento Marlargüe de la Provincia de Mendoza y la región conocida como “Puna”.

Se plantea en el citado proyecto que durante el plazo que comprenda la emergencia, las tarifas aplicadas a los usuarios del área de la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A, deberán retrotraer los importes con anterioridad al 1º de abril de 2016. Por lo tanto, la empresa deberá reimprimir las facturas.
Los usuarios comprendidos en el mantenimiento de tarifas, son aquellos del área de licencia de Camuzzi Gas del Sur S.A., que comprenden el extremo meridional de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
También plantea crear una Comisión Bicameral de Seguimiento de Emergencia de Servicios Públicos, que será la encargada de controlar, verificar y dictaminar sobre las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo al respecto.
La importancia de esta medida explicaba la Senadora “radica en los aumentos de tarifas descomunales que está sufriendo la ciudadanía, sobre todo en un servicio tan esencial como es el gas. A modo de ejemplo, en la Provincia de Santa Cruz, una familia tipo con un consumo de 800 m3, sufrió un aumento en su factura del 755%”.
«La situación se complica más si tenemos en cuenta que estamos en vísperas de un periodo invernal, y que en una familia tipo supondría el consumo promedio de 2.200 m3 de gas, para calefaccionar la vivienda, de modo que la factura pasaría por ejemplo, de una tarifa de $159 a otra de $1.527”.
García mostró además su preocupación por la grave situación de los comercios, ya que este sector los aumentos tarifarios llegan hasta un 1.132 %. Afirmó que: “sin duda, los comercios canalizarán estas subas en la tarifa del gas, a través del aumento en los precios finales de los productos o servicios que provean, por lo que el impacto inflacionario es indiscutible”.
Finalmente, la Senadora destacó que este proyecto busca “proteger a los usuarios y ciudadanos de los abusos de las empresas y de los tarifazos impuestos por el actual gobierno nacional, que afectan y disminuyen la calidad de vida y el poder adquisitivo del pueblo”.

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