Ponen en duda eficacia del decreto antidespidos y doble indemnización

El decreto antidespidos es insuficiente pero evita un recrudecimiento del desempleo.
El decreto antidespidos es insuficiente pero evita un recrudecimiento del desempleo.

La izquierda tildó el decreto de precarizador y engañoso porque no rigenpara la mano de obra que accede al empleo con posterioridad a la firma del decreto, sino para la existente al momento que el presidente estampó la rubrica.

El gobierno nacional prorrogó el decreto antidespidos que habilita la doble indemnización. Sin embargo, la izquierda lo crítica al tacharlo de complaciente con el empresariado y tramposo con los trabajadores.

Este espacio no ataca a la medida en sí, sino que remarca el hecho de que fue instrumentada para dar un mayor margen de flexibilidad a los empresarios, mientras que precariza la situación de los trabajadores.

El ajuste de las indemnizaciones

Así, el techo para las indemnizaciones será de 500 mil pesos. Por ejemplo, un empleado que cobre un salario bruto de $80.000 -aproximadamente $66.000 de bolsillo- y tenga 10 años de antigüedad, el plus que le corresponderá, en lugar de ser del 100% ($800.000) será del 62% ($500.000).

Si se trata de un trabajador que gana $100.000 brutos, aproximadamente $83.000 netos, como sucede en el caso de muchos obreros y empleados aceiteros, bancarios o aeronáuticos, por ejemplo, y tiene una antigüedad de 20 años, el plus pasa del 100% ($2.000.000) a $500.000, o sea el 25 por ciento.

Los porcentajes del plus se reducirán progresivamente y en proporción inversa al incremento de los salarios, mientras que el tope de 500 mil permanece hasta diciembre de este año.

La medida habilita una trampa en la que el empresariado puede despedir trabajadores con altos salarios, pues indemnizarlos con la regulación vigente les posibilita que tengan que desembolsar un monto considerablemente menor al que deberían.

La pauperización se completa con la contratación de un reemplazante por un salario más bajo y sin tener encima la prohibición de despedirlo para seguir con el circulo empobrecedor de mano de obra, pues el decreto no rige para los trabajadores que obtuvieron empleo en fechas posteriores al mismo.

Una prohibición que no impidió los despidos

Otra crítica por izquierda al decreto se orienta a su ineficacia para evitar despidos, pues se asevera que el Ministerio de Trabajo afirmó que entre febrero y octubre se perdieron 200 mil empleos.

También se efectuaron 600 mil desvinculaciones ocultas bajo el rotulo de retiros voluntarios. Mientras que para los trabajadores del estado el decreto no rige ni tampoco para el teletrabajo.

El mercado laboral informal, ese submundo que alcanza a más de un 40% de la población económicamente activa y ocupada, inmersa en trabajos sin prestaciones o en los que el trabajador monotributa, tampoco accede a las garantías del decreto.

Buenas intenciones y carencia de recursos

El decreto que suspende los despidos y posibilita la doble indemnización es un instrumento de emergencia, dictado en un contexto de crisis económica sanitaria, que pretende proteger la débil situación de los trabajadores.

Lo que no tiene en cuenta la izquierda es que como instrumento, más allá de sus múltiples deficiencias y el no pedir un mayor compromiso del empresariado, evitó que hubiera una mayor cantidad de despidos abiertos y ocultos.

Las políticas y dispositivos del estado orientados a mitigar, contener o evitar que una situación empeore siempre son subóptimos, nunca alcanzan el ideal expresado por sus hacedores, pero ese ideal es un horizonte por el cual funcionan y evitan, en este caso, un resquebrajamiento mayor del mercado laboral y la economía, siempre en un marco de batería de medidas como lo fue con el IFE, las ATP y otras prestaciones de emergencia.

Tienen su efecto, lamentablemente no pretenden la transformación revolucionaria de la sociedad ni da el control de los medios de producción a los trabajadores, porque quien dicta las medidas es el estado burgués, que en la medida de lo posible siempre tratará de conciliar los intereses de los capitalistas con el de los trabajadores. Aunque siempre los trabajadores quedan situados en la base de la pirámide de la lucha de la clases.

El estado oficia de arbitro y pretende proteger los trabajadores sin atacar al empresariado. El resultado es que el estado cede al empresariado y promulga medidas que pueden contener la situación, pero como el resto de ellas, son insuficientes porque hay un ajuste en marcha que se efectúa por medio de la alta inflación y la devaluación ininterrumpida del peso desde hace tres años.

En ese marco, cualquier parche o subsidio que ponga el gobierno puede ayudar en el momento, pero a medida que los precios sigan subiendo y el poder adquisitivo sea menor, el efecto de estas ayudas también se diluye.

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