Para Razmilich, solo justicia ordinaria puede intervenir en ocupación de casas abandonadas de Puerto San Julián

Es porque se trata de un hecho local que ocurre en una propiedad de un estado subnacional. Lo que no está claro, dijo el abogado a El Divergente, es si los terrenos corresponden al municipio o al IDUV.

Opinó que, siempre y cuando la política no vaya para el lado de legitimar la toma, se debería actuar con celeridad porque el tiempo conspira a favor de los ocupantes.

El abogado Eduardo Díaz Razmilich habló con El Divergente sobre la cuestión de las viviendas abandonadas y judicializadas que fueron ocupadas durante la semana pasada por familias. Explicó que las casas siguen estando bajo la órbita del estado. El problema es que no está claro si corresponden al municipal o al provincial (a través del IDUV).

Razmilich expresó que la justicia federal no va a intervenir sobre las ocupaciones porque es indiferente a lo que sucede en esos terrenos. Si bien están bajo su potestad provisional, mientras sigan allí no tiene mayor interés ni atribuciones para meterse en un problema de carácter local y provincial.

«La usurpación es un delito de jurisdicción ordinaria, más allá de que el terreno en el que sucedió este relacionado a una causa judicial federal. La cuestión por la que las casas están judicializadas se vincula a los manejos administrativos y financieros que posibilitaron la obra. No estamos hablando de que se adulteraron materiales o movieron la propiedad a un lugar donde no debía estar. Entonces, para la justicia federal lo que suceda en el barrio no tiene interés» aseveró el hombre de leyes.

En este escenario, comunicó Razmilich, corresponde actuar a la justicia ordinaria. «El IDUV en su momento tenía una operatoria en la que decía a los municipios «vamos a construir un barrio». Para que empezara a poner los ladrillos y los materiales, el terreno tiene que cederse al IDUV. La municipalidad pone el listado de las personas inscriptas para acceder a la vivienda pública. Al ser las casas de propiedad estatal subnacional, corresponde a la justicia ordinaria actuar ante cualquier delito que suceda allí«.

A su vez, el abogado explicó que las obras de estas viviendas ahora tomadas podrían haber continuado más allá de la causa judicial federal, pero no hubo voluntad política ni recursos para seguirlas en ninguno de los estamentos estatales. «En un principio le se había adjudicado la construcción a una empresa, que luego demostró no tener solvencia financiera y se le quitó la obra».

Ese evento coincidió con el cambio de gobierno (nacional y municipal) en 2015 y el avance de las causas contra supuesto lavado de dinero en obras públicas, lo que condujo a que Nación cortara el financiamiento de las viviendas, involucradas en la trama de la causa.

Sobre la naturaleza de la toma, Razmilich expresó que se trata de una usurpación, y ello constituye un delito en curso. Corresponde al estado (provincial o municipal, dependiendo del estatus de las mismas determinado en el catastro local) terminar con esa situación.

«El estado podría darles un permiso para ocupar las casas y el conflicto terminaría por el lado de la legitimación de la toma. Pero eso ya es una decisión política» comentó.

Antecedente de la toma

El abogado rememoró un antecedente al de la toma actual, cuando familias sanjulianenses tomaron casas construidas por Gas del Estado en un terreno cedido por el municipio. El evento tuvo lugar a fines de los años noventa, cuando la empresa estatal ya había sido privatizada y partida en dos (TGS y Camuzzi Gas).

El estado local nunca había dado los títulos porque cuando hay un traspaso de bienes entre distintos estamentos estatales es valida la figura del permiso. Por lo tanto, las mismas correspondían a la municipalidad. Quien le dio los títulos de esa propiedad a TGS para que esta empresa terminara vendiéndoselos a los ocupantes.

Razmilich mencionó que la situación de la toma actual es distinta. El código civil ordena a la justicia ordinaria a que ponga fin al delito, y si la política no va en dirección contraria a ello, es preciso actuar con celeridad porque el tiempo conspira a favor de los ocupantes, quienes podrían empezar a intervenir la propiedad con su agregado de valor, algo que complicaría cualquier acción judicial.

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