La falsa separación entre trabajo y ayuda social

Un trabajador de la recolección de frutas y verduras. Uno de los trabajos peor pagos del país.
Un trabajador de la recolección de frutas y verduras. Uno de los trabajos peor pagos del país.

Cada cierto tiempo se instala en los medios de comunicación la noticia de los puestos de trabajo descartados porque muchas personas prefieren cobrar subsidios estatales

¿Acaso no hay que pensar que los salarios están pulverizados y a la altura de una ayuda estatal?

¿No es preciso que los programas sociales y estos trabajos sean compatibilizados de modo que no solo se reciba un sueldo miserable y pueda ser complementado con un ingreso básico asegurado por el estado?

Cada cierto tiempo se instala en la agenda de los medios de comunicación la noticia de cientos de puestos laborales descartados porque la gente a la que se apunta a contratar prefiere seguir cobrando dinero de programas sociales.

Estos trabajos no aprovechados se centran en la recolección de frutas y verduras en distintas regiones del país. El Cuyo y el Litoral principalmente.

Ante la poca oferta para la demanda que implican estos trabajos, los productores de estas economías regionales ponen la voz en el cielo quejándose de que ello sucede porque muchas personas temen perder la ayuda estatal que reciben.

Y es que, indican los dueños de estas tierras donde estacionalmente se recolecta lo cultivado y productores, prefieren no desaprovechar los subsidios que reciben para trabajar.

Salarios muy bajos por mucho esfuerzo

Lo que se esconde de esta lectura, acompañada por muchos medios de comunicación, es que, por lo general, estos trabajos de recolección representan un gran esfuerzo humano a cambio de bajos y precarios salarios, cuyo monto puede igualar o ser menor a la ayuda social recibida por la mano de obra en disponibilidad.

Según los datos socioeconómicos relevados por el INDEC en 2019, una persona que trabaja de recolectar frutas y verduras recibía en ese momento la suma aproximada de 30 mil pesos.

En la actualidad, ese el el valor de un salario mínimo, vital y móvil, lo cual habla a grandes rasgos de un mercado laboral cuya precarización no conoce fondo. Una pulverización del poder adquisitivo que no solo se percibe en la agricultura sino en casi todos los rubros productivos, sean estos primarios, industriales o de servicios.

Así que si hay gente que en la disyuntiva de tener que elegir entre trabajo mal remunerado y ayuda estatal precaria, por lo general se queda con quien le da una cantidad similar de dinero sin tener que realizar a cambio el ingente esfuerzo de trabajar más de 8 horas recolectando frutas, limpiando baños y haciendo llamadas para vender un servicio.

Compatibilizar trabajo con ayuda

El camino ideal entre tanto deterioro en materia salarial es el de proseguir con la compatibilización de prestaciones económicas estatales y trabajo (como fue el caso de las trabajadoras domésticas). Que la persona que se desempeñe en estos trabajos no tenga que decidir entre una u otra alternativa, sino que pueda percibir ambos ingresos de modo que su calidad de vida no se vea tan aplastada por la explotación de los productores y la anomia que produce el subsidio sin contraprestaciones.

El problema es que los productores y terratenientes ocultan su avara necesidad de pagar la menor cantidad posible de impuestos que seguramente deban pagar en caso que se compatibilice el trabajo en sectores como el agro, donde el salario, ya sea en blanco o en negro, es bajo, pero es menos bajo si es informal y sin aportes. Una modalidad que no solo es propia del sector.

La idea de un Ingreso Social Universal

La necesidad de consolidar la idea de un ingreso social universal que se mantenga más allá de las distintas contingencias puntuales que puedan surgir (como la actual pandemia) se hace cada vez mas evidente.

Cada vez menos gente puede contar gracias al trabajo con un nivel de vida aceptable que le permita poder mantener una familia, alquilar un techo y llegar a fin de mes, y esa precarización socioeconómica fenomenal debe ser tenida en cuenta por la case dirigente en la configuración de un modelo de país que compatibilice desarrollo económico con inclusión social.

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