En defensa de la ayuda social del estado para los pobres, excluidos y precarizados

La Administración Nacional del Seguridad Social (ANSES), principal órgano encargado de las transferencias en concepto de ayudas sociales.
La Administración Nacional del Seguridad Social (ANSES), principal órgano encargado de las transferencias en concepto de ayudas sociales.

En momentos en los cuales algunos medios le dedican un amplio espacio a estigmatizar a los pobres y precarizados, así como a criticar la acción social de ayuda y reparación a este sector, es necesario recordar la importancia de estos mecanismos para la paz social.

En los últimos días, y a raíz del drama social visibilizado en Johanna y su familia, así como antes respecto a la toma de un barrio sin terminar, algunos medios de Puerto San Julián le dedicaron parte de su tiempo a la crítica de la ayuda social por parte del estado a los pobres y a estigmatizar a quienes tienen el valor de visibilizar su historia.

También, por supuesto, se dedicaron a cuestionar a El Divergente por darle espacio a la angustiante situación que se vive en sectores socioeconómicamente bajos de Puerto San Julián. Pero no se hará eco sobre esa cuestión porque es ínfima en comparación a la reproducción de un discurso que pone en tela de juicio si los pobres son realmente pobres y la ayuda que el estado les brinda.

La ayuda estatal es importante en una economía estallada

La acción social del estado es importante para asistir a los sectores de la población a los que son excluidos por el mercado laboral privado. Para cientos de miles de familias no hay trabajo disponible, o si lo hay, se trata de un empleo precario, temporal y discontinuo y/o con un salario apenas alcanza para unos paquetes de fideos y medio kilo de carne.

En tal situación de crisis, que viene de largo, pero se ha profundizado desde 2018, el mercado laboral se retrajo aún más, dejándole al estado la tarea de asistir a la población afectada por esa retracción con empleos precarios en articulación con cooperativas y movimientos sociales o con transferencia directa de ayuda económica y alimentaria.

Los planes llegaron para quedarse (hasta que haya trabajo para todos)

Es una lógica que no es reciente, pues comenzó a constituirse a partir del gobierno de Raúl Alfonsín ante la catástrofe social generada por la política económica de la última dictadura militar, que despojó a una parte importante de la clase trabajadora de sus empleos. Ello configuró un mapa socioeconómico peor al imperante antes del gobierno de Isabel Perón y la junta que la derrocó en 1976.

El primer precedente fue el Plan Alimentario Nacional del malogrado gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), luego siguieron los planes Trabajar de los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001).

Ante la crisis de 2001 y la devaluación de 2002, los niveles de pobreza subieron y en el gobierno provisional de Duhalde se ideó un programa de ayuda a mayor escala: el Jefes y Jefas de Hogar.

En 2009, bajo las presidencias de CFK (2007-2015), se implementó la Asignación Universal por Hijo, una transferencia de ingresos fijada por ley a los sectores mas carenciados, y el programa Argentina Trabaja, dirigido a la creación de cooperativas de empleo que den trabajo a los sectores socioeconómicos bajos.

Cada terremoto económico fue agregando nuevas capas de pobreza en la población nacional, cientos de miles de personas que caen de la clase media a la baja, y de la pobreza a la indigencia.

Son mas los que caen que los que luego se recuperan y así, la pobreza estructural no ha hecho mas que agrandarse y consolidarse.

Ante el déficit en la educación y la preparación de mano de obra, más un mercado laboral excluyente, el estado es el único en muchos casos que puede proporcionar ayuda en medio de esa emergencia. Sin esa asistencia, sea directa o cambio de trabajo en cooperativas, muchos no tienen ninguna otra opción que los ayude a sobrevivir.

Nadie quiere ser pobre porque quiere

La corrupción y el clientelismo siguen presentes en la gestión y praxis de estos programas, y ello es un problema funcional a la proliferación de discursos que ponen en tela de juicio una función solidaria y lógica del estado ante la emergencia económica y estigmatiza al pobre.

Que los programas de ayuda social no funcionen bien no significa que haya que quitarlos. De ser así, ya no habría contención, aumentaría la desigualdad social y agravaría otras cuestiones como la inseguridad.

Nadie quiere ser pobre porque quiere. Nadie que reciba esos programas sociales vive mejor que quien trabaja establemente y gana un sueldo fijo. Esas son manipulaciones generadas por un sector de la política, la economía y la sociedad que ve en los pobres del país al principal enemigo del progreso, cuando los antagonistas del pueblo están en otro lado. Por ejemplo, en los que no quieren aportar una pequeña parte de sus cuantioso capital en alivianar la situación de esas familias.

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