Empresa contratista estafó a privados durante el desarrollo de obra.

ICEO S.A., contratada por el gobierno de Macri para llevar adelante una obra gasífera en conjunto con Camuzzi Gas del Sur S.A., mantiene una enorme deuda sin pagar a empresas locales.
La obra iba a durar dos meses, pero aún no está terminada. Mientras, la suma de la deuda trasciende el millón de pesos.

Una de las obras públicas más significativas llevadas a cabo en San Julián, el refuerzo del ramal de alimentación gasífera, esconde una trama de corrupción que tiene como víctimas a empresas locales.

La ampliación del gasoducto, que implica un avance en la modernización de la infraestructura energética del municipio, se vio manchada por malos manejos financieros por parte de la empresa contratada por el estado nacional para proveer de recursos a Camuzzi Gas del Sur S.A., desarrolladora principal de la obra.

Entre las empresas locales estafadas se encuentran Cabañas Kausorken, un emprendimiento de alquiler de maquinarias y una empresa especializada en áridos. La lista la completan hoteles y negocios varios de la ciudad a los cuales ICEO S.A. también debe dinero.

La suma de la deuda contraída por esta contratista se eleva a, aproximadamente, un millón de pesos.

ICEO S.A. también tiene conflictos con el estado local. La obra, comenzada durante el mandato de Antonio Tommasso, que en un principio iba a durar dos meses según declaraciones del anterior secretario de Obras, aún permanece inconclusa y ha provocado el corte permanente de un tramo de la calle Florida Blanca y otras arterias de Puerto San Julián.

Como respuesta a este desmanejo, que complica la vida cotidiana de los ciudadanos, el actual gobierno local multó a la empresa. Esta multa, al igual que la deuda mantenida con privados, no está siendo pagada.

Camuzzi Gas del Sur S.A. dejó trascender su posición de incapacidad para tomar acciones al respecto, dado que ICEO S.A. fue contratada desde la anterior administración del Poder Ejecutivo Nacional.

Los riesgos del capitalismo de amigos.

La priorización de los favoritismos políticos por sobre la idoneidad técnica y profesional al momento de elegir empresas contratistas en el mundo de la obra pública supone un peligro para las comunidades donde estas operan. Pues suelen ejercer actividades en circunstancias para las cuales no están preparadas y no se manejan con transparencia. Ya que la estafa parece ser su modus operandi.

Se trata de un caso más del capitalismo de amigos que el gobierno de Macri tanto condenó para la galería y ante los medios. Y que, sin embargo, siguió siendo una regla oculta a los ojos de la ciudadanía.

Una regla que favoreció a los amigos y familiares del ex presidente así como también de ministros, secretarios, gobernadores, intendentes, diputados y senadores tanto nacionales como provinciales, y concejales.

Lo sucedido con ICEO S.A. es una experiencia más que ejemplifica cómo estas prácticas enriquecen a unos pocos y empobrecen a la ciudadanía. Alejándola de la participación en las decisiones políticas y económicas.

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