Cuando el estado salva al capitalismo.

El estado salva al capitalismo
La empresa Vicentín.

En medio de una crisis económica sin precedentes en noventa años, el capitalismo necesita del estado para sobrevivir y reconfigurarse. 

En Argentina, los capitalistas entienden al caso Vicentín como una “avanzada comunista», cuando el gobierno trata de rescatar una empresa vital en el sector agroexportador.

La pandemia del covid-19 trajo consigo el germen de una nueva reconfiguración del capitalismo. El estado, luego de largos años de retrocesos, sale de su lugar de mero guardaespaldas de los negocios privados y vuelve a ser un actor central en la política económica en términos de protección, regulación y redistribución.

La frágil recuperación de la crisis económica de 2009 dejó a las economías desarrolladas como un castillo de naipes que la actual tormenta deshizo. Se desnudan los excesos del mercado y el repliegue del estado como factores que aumentaron la desigualdad económica como nunca antes y erosionaron los estados de bienestar que construyeron las principales potencias capitalistas luego de la Segunda Guerra Mundial.

Muchas empresas privadas, en especial de los sectores más golpeados de la economía por la pandemia, la cuarentena y el distanciamiento social (sector aéreo, automotriz, transporte en general y otras), consideradas gigantes en sus rubros, hoy bordean la quiebra.

Estas empresas son de países considerados centrales. Y sus gobiernos están procediendo a salvarlas de la quiebra con la compensación de participar en ellas y destinar ese capital accionario a políticas de acción social para salvaguardar a los sectores sociales más golpeados por la caída económica (medios y bajos) y a los sectores científico y sanitario para contrarrestar el avance del covid-19 y mejorar la erosionada infraestructura médica luego de años de desfinanciamiento.

Las medidas fueron impulsadas en un principio por los gobiernos de Alemania y Francia. Bruselas, la capital de la Unión Europea, instituyó el nuevo marco regulatorio que permitirá la entrada de los estados en el capital de las compañías en quiebra o al borde de ella que rescate, sean grandes o pequeñas, cotizadas o no en bolsa.

El nuevo marco legal animó a otros países de Europa, como Italia y España, a manifestar intenciones de aplicar medidas similares a la de los dos gigantes de la unión.

Esto puede ser el indicador de un potencial cambio en el orden económico mundial. Pues los principios del libre mercado, enarbolados y defendidos por el neoliberalismo, estarían siendo desplazados por una política económica de corte proteccionista e intervencionista.

El caso Vicentín.

El gobierno argentino quiere replicar esta medida con las empresas que transitan una situación idéntica en suelo nacional. Vicentín es una de ellas. Actualmente se encuentra en quiebra, pues tiene una deuda millonaria (más de 30 mil millones de pesos) con sus principales acreedores, el Banco Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Vale la pena destacar que la deuda fue contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, cuyos funcionarios al frente de estos bancos públicos propiciaron irresponsablemente el crecimiento y la fuga de esa deuda hacia empresas que son de la familia que controla Vicentín. Un capítulo más en la historia del capitalismo de amigos que caracteriza a este país.

Mientras el debe crecía, la empresa fugaba divisas vía Paraguay y Uruguay hacia el extranjero, países con regímenes impositivos laxos.

Con sus principales acreedores en el estado, corresponde que este actor se haga cargo de la empresa. Sin embargo, los capitalistas argentinos, o al menos los más poderosos, ligados al negocio agroexportador, los medios y las finanzas, que a su vez se conectan con el capitalismo internacional, consideran la medida como confiscatoria e indicadora del comienzo de una serie de expropiaciones sistemáticas.

Estos sectores lideran una operación ideológica tendiente a desinformar y a darle una base social a esta posición con la cooptación de sectores medios, equiparando los intereses del pequeño propietario o comerciante con el de los grandes capitalistas y propietarios.

Lo que sucede es que quienes están en contra de la estatización defienden que la empresa, en vez de ser controlada parcialmente por el estado, sea vendida a precio de remate a capitales extranjeros, concentrando aún más el control privado sobre el sector agroexportador y el comercio exterior que sale del río Paraná.

Un estado que interviene para restaurar al capital.

El caso Vicentín no tiene como objetivo la implantación de un sistema comunista como indican interesadamente en la oposición, más bien busca apuntalar una empresa estratégica en un sector clave para el desarrollo económico del país en el marco del capitalismo que asegure, por otro lado, los miles de puestos de trabajo que no podrían garantizarse de otra manera a corto plazo.

Todavía queda por verse la forma final que tomará la nueva versión de Vicentín. Pues tiene lugar una situación caracterizada por la presión y la negociación entre el estado y la familia propietaria de los capitales mayoritarios de la empresa (apoyados por el bloque opositor a esta medida).

Quienes fugaron capitales mientras la mandaban a la quiebra aún tienen el tupé de sentarse a negociar con un gobierno al mando de un estado debilitado, sin espalda financiera y que precisa de amplios apoyos políticos y económicos. Lo que comenzó siendo una intención de estatizar derivó en una intervención provisional bajo la cual se definirá si Vicentín será comprada por grupos empresarios locales o tendrá capital mixto (público-privado).

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