Anulan sentencias de condenados en Jujuy por delitos de lesa humanidad

Marchan los nuevos tiempos en los que los represores son reivindicados por una gestión nacional que pretende devolver la “lucha antiterrorista” a los militares. Querellantes recurrirán a la Corte Suprema.

No es ni puede ser casualidad que en la misma provincia donde Milagro Sala es virtual presa política, ahora se anulen sentencias de represores juzgados y condenados. Clara y obviamente, hablamos de Jujuy.

En efecto, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia del Tribunal Oral Federal de Jujuy, que en 2015 condenaba a 12 años de prisión a un oficial retirado del Ejército, en la causa por secuestros y torturas contra 90 víctimas del “Operativo Aire 718”.

La Sala 3 de Casación absolvió “de la totalidad de los hechos por los que resultara condenado” a Horacio Domingo Marengo, quien permanecía detenido en la cárcel Monte Cristo, en Córdoba, tras ser condenado por graves delitos cometidos en Jujuy durante la última dictadura.

Los camaristas decidieron, además, revisar las penas impuestas a diez exintegrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), condenados por participar del operativo de traslado de 90 víctimas en vuelos desde Jujuy a la provincia de Buenos Aires.

Durante el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad, que culminó en julio de 2015, el TOF consideró acreditada la culpabilidad de los condenados por encontrarlos responsables de la privación ilegítima de la libertad y la imposición de tormentos contra 90 víctimas que fueron trasladados en 1977 en dos vuelos para ser alojados en cárceles bonaerenses.

Entre las víctimas de esta causa se encuentran Avelino Bazán, Rubén Andrés Cari, Bruno René Diaz, Efrén Guzmán, Mariano Rodriguez, Roberto Valeriano, Martiniano Espinoza, Roberto Troncoso, Eublogia Cordero De Garnica, Casimiro Bache, Raúl Ramón Bartoletti, Humberto Filemón Campos, Rufino Lizarraga, Luis Víctor Escalante, Eduardo César Maldonado, Mario Núñez, Ernesto Reynaldo Saman, Walter Hugo Juárez, Juan Miguel Lodi, Alfredo Merida, Luis Ramón Aredez, Antonio Filliú, Omar Claudio Gainza, Carlos Alberto Melián, Ramón Luis Bueno, Hugo José Condorí, Agustín Donato Garnica, Eva Delicia Garrido De Juarez, Armando Tilca Barreix Y Juan Bautista Lazarte.

Algunas de estas víctimas hoy continúan desaparecidas.

Tras la notificación de las resoluciones de la Casación, la abogada María José Castillo, de la querella de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, anticipó que la totalidad de los querellantes acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio de un recurso extraordinario federal.

“La decisión forma parte de los fallos de esta época, en la que se retrocede en todas las jurisprudencias en relación a los juicios por delitos de lesa humanidad por los que la Argentina fue un ejemplo”, sostuvo.

Para la abogada defensora de los derechos humanos, las resoluciones que recurrirán representan “un retroceso y un riesgo para la sociedad, porque deja en libertad a personas que son altamente peligrosas”.

 

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